Test Ley 9/2017
Test gratuito con respuestas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.. Descarga el texto completo de la Ley en formato PDF o ePUB para preparar tu exámen de oposición.
Como todos los años, comienza el proceso de selección de personal para opositar a la Ley 9/17, y con ello, se abre el plazo para que los aspirantes puedan presentarse a los tests de acceso. Si estás pensando en presentarte, te resultará útil leer este artículo, en el que te contamos todo lo que debes saber sobre los test de Ley 9/2017.
Cómo son los test de la Ley 9/2017?
La Ley 9/17 establece el nuevo sistema de selección de personal para el ingreso en cuerpos y escalas de administración general del Estado. La nueva normativa se basa en la realización de una serie de pruebas objetivas, a las que solo pueden presentarse los aspirantes que cumplan unos requisitos mínimos de formación y experiencia.
En cuanto a las pruebas, son de carácter eliminatorio y consisten en tres fases:
Prueba de conocimientos: se realiza de forma presencial y consta de un test objetivo de 100 preguntas de respuesta múltiple, cuyo objetivo es evaluar el nivel de conocimientos de los aspirantes en materias como derecho administrativo, derecho mercantil, derecho civil, derecho constitucional, lenguas, informática y materias específicas de la oposición.
Prueba de aptitud psicotécnica: se realiza de forma presencial y consiste en una serie de tests de habilidades y capacidades, cuyo objetivo es evaluar la aptitud de los aspirantes para el desempeño de las tareas propias de la función a la que optan.
Prueba de ejercicios prácticos: se realiza de forma presencial y consta de una serie de ejercicios prácticos, cuyo objetivo es evaluar la capacidad de los aspirantes para resolver problemas típicos del ámbito de la administración pública.
Una vez superadas estas tres fases, los aspirantes deberán presentarse ante un tribunal para una entrevista personal, en la que se evaluarán aspectos como la motivación, el interés por el puesto o la capacidad de comunicación.
Para superar las pruebas y acceder a la entrevista, es importante que los aspirantes se preparen adecuadamente. Para ello, te recomendamos que te inscribas en un buen curso de preparación, en el que un equipo de profesionales especializados te acompañará en todo el proceso y te ayudará a superar con éxito las diferentes pruebas.
En resumen, si estás pensando en opositar a la Ley 9/17, en este artículo te hemos contado todo lo que necesitas saber sobre los tests de acceso. No te olvides de prepararte adecuadamente para tener todas las de ganar.
Qué regula la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula el régimen jurídico aplicable a los contratos de suministro, servicio y obra, celebrados por las Administraciones Públicas, así como los criterios de transparencia, publicidad, concurrencia y selección de contratistas.
La Ley tiene por objeto garantizar la transparencia, eficacia, competitividad y sostenibilidad en la contratación pública, así como reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en la contratación.
Para ello, establece un conjunto de obligaciones y derechos para todos los participantes en el proceso de contratación, así como un nuevo mecanismo de impugnación de los actos administrativos que pongan fin al procedimiento de contratación.
La Ley también establece un régimen especial para la contratación pública sectorial, que se aplicará a los sectores esenciales de la economía nacional, tales como la energía, los transportes, la sanidad o la educación.
En estos sectores, se establecen una serie de garantías específicas que tienen por objeto blindar la selección de los contratistas y garantizar una adecuada prestación del servicio público.
La Ley 9/2017 entró en vigor el 9 de noviembre de 2017 y, en su disposición final primera, establece un plazo de tres años para su desarrollo reglamentario.
